LAS MULTAS EN LA ZONA SER EN MADRID POR ALTA CONTAMINACIÓN NO SON LEGALES Y SE PUEDEN RECURRIR

Pruebatucoche, el diario de motor en la Web

El pasado jueves, cuando todos los medios de comunicación anunciaban restricciones al estacionamiento de vehículos en el centro de Madrid, en todos los foros surgía el debate de si era una medida adecuada, si iba a servir para algo, si quizás debería avalarse con rebajas en el precio del transporte público para incentivar su uso.

Sin embargo y a pesar de ello, muchos ciudadanos se vieron obligados al uso de su vehículo particular, estacionando en las calles de Madrid en la que operaba la restricción al estacionamiento de vehículos, a sabiendas, de que no podían obtener el distintivo que autorizaba el estacionamiento, asumiendo el riesgo de ser sancionados por ello con multa de 90 euros.

Desde el Dpto. Jurídico de Pyramid Consulting, queremos recomendar a todos los conductores que en caso de recibir una multa por estacionar sin distintivo el pasado viernes 13 de noviembre de 2015 en alguna de las zonas restringidas, que recurran, ya que estas multas no son legales al no contar con cobertura legal y no haber sido la medida debidamente señalizada tal y como exige la normativa vigente.

Falta de comunicación en los medios oficiales

Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Madrid prevé en su Ordenanza de Movilidad restricciones a la circulación “basadas en la protección del medio ambiente”, este artículo también exige que estas medidas sean debidamente publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y sean señalizadas de forma oportuna. Pues bien, el Ayuntamiento de Madrid ni publicó la medida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ni señalizó debidamente la restricción, dado que no puede tomarse como señalización válida, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación, el apagado de parquímetros y la difusión de la noticia a través de redes sociales y medios de comunicación, como pretenden hacer valer los responsable del Consistorio.

La medida adoptada, va en contra de la seguridad jurídica y vulnera el Principio de Legalidad.

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